El lunes fue el día más agitado en el Capitolio para el tema de las licencias de conducir para los residentes indocumentados de Georgia.

Representantes anti-inmigrantes se ubicaron en la puerta de la Cámara Baja, mientras activistas de los derechos civiles del Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) rondaban asegurando votos y presionando a la gente a apoyar el proyecto de ley auspiciado por el representante Pedro Marín (Duluth) y el senador Sam Zamarripa (Atlanta).

RECHAZO

Zamarripa y Marín tenían grandes esperanzas de que el proyecto de ley HB 578 sea aceptado. El proyecto fue presentado como un asunto de seguridad pública directamente ligado al desarrollo económico y al Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA). Apoyando esta moción se encontraban personas influyentes como el líder de la mayoría de la Cámara Baja, el presidente del Comité de Asuntos Vehiculares, el líder y sublíder de la mayoría del Senado. El proyecto fue rechazado por 64 contra 105 votos.

Los demócratas de la Cámara Baja, Chuck Sims y Bárbara Mobley, hablaron a favor de la propuesta, recordando a los legisladores sobre los extensos estudios de seguridad pública que se han hecho y los beneficios de la licencia de conducir como sistema de registro de residentes indocumentados.

Matt Dollar (R-Marietta) fue el primero en cuestionar a Marín en la sesión.

“¿Sostiene esta legislación que ilegales, extranjeros indocumentados, pueden obtener licencia de conducir?”. Cuando Marín respondió afirmativamente, hubo asombro entre algunos de los legisladores. Al parecer el tema de la seguridad nacional es prioridad.

Tom Rice (R-Norcross) afirmó que aceptaba con razón la existencia de conductores ilegales en Georgia que podrían accidentarse sin poseer seguro. Sin embargo, indicó que el proyecto no era una buena solución para todo el estado.

“Incluso una licencia restringida te permite entrar a una tienda de armas. Eso es lo que revisan para vender una pistola. Lo que estamos haciendo es abrir una compuerta de oportunidades para que la gente, nos guste o no, se pasee por el estado sin prueba de ciudadanía, sin una prueba del INS que diga que están aquí legalmente”, puntualizó.

El proyecto enfrentó una fuerte oposición cuando fue leído inmediatamente después de la propuesta HB 319, la cual permite a residentes legales sin número de seguro social para obtener una licencia de manejo, previa presentación de una carta de la Administración del Seguro Social que aclare su situación.

El proyecto, que obtuvo 166 votos a favor y 4 en contra, se aplica principalmente a estudiantes internacionales y cónyuges de “visitantes legales que trabajan”, según una declaración escrita del representante David Casas (Lilburn), quien añadió una cláusula, y que dicta que la licencia debe expirar cuando caduquen los permisos migratorios del portador. La enmienda solicita que en el documento se especifique si el portador es o no ciudadano estadounidense. Casas no respondió a las repetidas solicitudes para una entrevista con Atlanta Latino.

“Hemos resuelto un asunto para miembros de la comunidad internacional que reside en nuestro estado y estoy muy satisfecho de haber tomado parte en la elaboración de esta propuesta”, escribió Casas.

Casas también ofreció un cambio para el proyecto de Marín que hubiera requerido evidencia del INS que prueba el estatus legal del solicitante.

DEBATE FUERA DE LA CÁMARA

Generando oposición fuera de las puertas de la Cámara estaba gente del Eagle Forum de Georgia, una coalición conservadora anti-aborto que apoya el corte de impuestos en servicios sociales. Su presidenta local, Elizabeth Cole, dijo: “No estamos en contra de los latinos, solamente queremos que sean legales”.

Según la oficina de prensa de la gobernación, el lunes recibieron más llamadas en contra del proyecto. Hasta las 9 de la mañana del martes se habían recibido sólo 10 llamadas de apoyo.

Al cierre de nuestra edición, Zamarripa tenía planes de cambiar la versión del HB 319 presentada al Senado, para incluir derechos de conducir para residentes indocumentados.

El republicano Nathan Deal, legislador de la Cámara Baja Federal, manifestó su oposición a la emisión de licencias para ilegales a través de una carta dirigida al gobernador. Deal, quien representa al Distrito 10 de Georgia, que incluye las dos áreas del estado con mayor número de pobladores latinos –Dalton y Gainesville—escribió:

“Tres de los terroristas del 11 de septiembre obtuvieron licencias de conducir legalmente en un estado donde se sostiene que la emisión de los documentos para inmigrantes ilegales va en beneficio de la seguridad vial”.

Mientras viajaba por el estado, el gobernador Perdue expresó a Atlanta Latino su opinión sobre el proyecto de ley de Marín y Zamarripa.

“En primer lugar no estoy de acuerdo que haya sido conectada al ALCA. Respeto a nuestros vecinos latinoamericanos y apoyo que Atlanta sea la sede de ALCA. Si los residentes están aquí legalmente, debe permitírseles conducir, pero no si son indocumentados”, declaró.

El gobernador añadió que quiere cortejar a la comunidad latina y, por lo tanto, está considerando vías alternativas para mantener la Comisión de Asuntos Hispanos, formada por el ex gobernador Roy Barnes.