Mientras congresistas republicanos de todo el país pregonan la efectividad de las audiencias públicas sobre la reforma migratoria porque, según ellos, recopilan diferentes puntos de vista, la audiencia: “Impacto económico de la inmigración sobre los trabajadores estadounidenses y sus salarios” realizada en Gainesville en los salones de una corte federal, el pasado 14 de agosto, distó de ser equilibrada.

El representante de la Cámara Baja Federal, Charlie Norwood (R-GA) fue el conductor del panel y empezó la audiencia con la impactante historia de una niña de Georgia de tres años de edad, quien fue violada por un inmigrante indocumentado, además, enfatizó la necesidad de que las fronteras sean “controladas” y vigiladas por 36 a 48 mil efectivos de la Guardia Nacional.

En la audiencia, precedida por el Subcomité de protecciones Laborales de la Cámara, otros dos representantes republicanos de Georgia, se sentaron en el estrado junto a Norwood: Tom Price y Nathan Deal, este último es representante del área de Gainesville. La congresista demócrata Betty McCollum (Minn.) fue la única participante que expresó un punto de vista más moderado acerca de la reforma migratoria.

“Creo que esta fue una oportunidad de liderazgo totalmente desaprovechada”, dijo McCollum refiriéndose a la discusión que fue bastante parcializada.

McCollum, al parecer un poco frustrada por la dirección en que los representantes guiaban la discusión, dijo repetidamente que la audiencia era una pérdida de tiempo y que los congresistas deberían estar reunidos en Washington discutiendo el tema. Además, señaló que los fondos para combatir la inmigración ilegal han disminuido por lo que, según su opinión “se están construyendo puentes que no llegan a ninguna parte si no hay dinero para proteger las fronteras”.


EL “FOCO” DE LA AUDIENCIA

La conversación se enfocó en ridiculizar y rechazar el anteproyecto 2611 de los senadores federales Hagel-Martínez, que propone un programa de trabajadores huéspedes que conduciría eventualmente a la legalización de inmigrantes indocumentados o a una “amnistía”, como insistieron en llamarla. Los panelistas nunca explicaron en detalle el anteproyecto HR 4437 que se aprobó en diciembre en la Cámara Baja Federal y cómo resuelve los problemas migratorios del país, simplemente se dedicaron a alabarlo.

Norwood incluso aseguró que la propuesta del Senado no sería aprobada bajo ninguna circunstancia.

TESTIMONIOS

Líderes del gobierno, de instituciones y de organizaciones fueron convocados para proveer a los representantes de información y puntos de vista sobre el tema.

Entre los testigos que intervinieron en la audiencia estuvieron el senador republicano Chip Pearson, Gary Black, presidente del Georgia Agribusiness Council, el doctor Jeffrey B. Wenger, profesor adjunto de política pública de la Universidad de Georgia, D. A. King, presidente de la Dustin Inman Society, Terry Yellig, un abogado que representaba al sector de la construcción y Phil Kent, vocero del grupo Americans for Immigration Reform.

Black recalcó la importancia vital que tienen los trabajadores extranjeros en la agricultura, admitió que muchas veces los procedimientos para la solicitud de visas son complicados y llenos de procesos burocráticos difíciles de superar, lo que obstaculiza la contratación de trabajadores por la vía legal.

Black dijo que “el índice de desempleo está por debajo del promedio de las últimas cuatro décadas; cuando la disponibilidad de trabajadores estadounidenses se agote, como ha pasado actualmente en la agricultura, alguien debe estar dispuesto a desempeñar y cubrir esos trabajos”.

Sin embargo, Black resaltó que los trabajadores inmigrantes contratados bajo el programa de visas de empleo “deben volver” a sus países una vez que la visa expire.

“Las soluciones de política migratoria no deben incluir amnistía ni vías nuevas o aceleradas para conseguir la ciudadanía. Debemos establecer un procedimiento ordenado y documentado que identifique a aquellos que aspiran a trabajar temporalmente, pagar impuestos y regresar a su hogar”, dijo Black.

Muchos de los invitados afirmaron que la industria estadounidense tiene una demanda que atrae a dichos trabajadores, pero panelistas como D. A. King hicieron hincapié en los verdaderos intereses tras la oferta y demanda de la relación económica.

“Ellos (los estadounidenses) preguntan por qué a los empleadores se les permite contratar mano de obra ilegal violando las leyes y por qué una nación que ha llevado al hombre a la Luna y que ha construido y mantenido más de 46 carreteras interestatales no puede utilizar la misma destreza para asegurar y proteger nuestras fronteras para evitar el cruce ilegal de gente hacia nuestro país”, cuestionó King.

Panelistas como Kent, quien usó lenguaje ofensivo para describir la crisis migratoria, irritaron a la audiencia. Kent afirmó que tras el huracán “Katrina”, cuando el presidente Bush asignó contratos de reconstrucción a las compañías que presentaron los presupuestos más bajos, 30 mil inmigrantes indocumentados invadieron la costa del golfo.

Cuando King hizo referencia al “clima de terror” en que los estadounidenses han sido mantenidos por los empleadores que contratan a indocumentados, la ausencia de inmigrantes sin documentos en la reunión o fuera de la corte se hizo notar.

Un activista, Ronnie Hall, miembro de la Dustin Inman Society sostuvo letreros frente a la puerta de la corte, donde estaban estacionados los vehículos del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Aduana. Según sus cálculos, entre 30 y 40 antiinmigrantes se reunieron en aquel lugar para protestar.

Pat Cochran, una microempresaria de la industria de servicios del condado de Forsyth, dijo que ella y su esposo no contrataban hispanos porque no sabían cómo verificar si están legalmente o no en el país.

PALABRA HISPANA

El salón se llenó por completo de público y periodistas, además de un escaso número de latinos, entre ellos Carlos Alcantar, un ciudadano estadounidense, originario de México, y que ha vivido en Georgia durante 23 años.

Alcantar, líder sindical del condado de Peach, dijo que “los estadounidenses no tienen en su mente lo que verdaderamente somos los latinos para este país”, agregó que las audiencias son “netamente políticas”.

El candidato al senado estatal Arturo Corso, de Gainesville, fue otro latino que escuchó la audiencia.

“El problema es que el pueblo estadounidense es rehén de los extremistas”, comentó Corso. Luego aclaró que ningún grupo independiente de investigación, como el Centro Hispano Pew, fue invitado a presentar información imparcial sobre el tema.

Ningún hispano habló en la audiencia, aunque la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO, por sus siglas en inglés), organizó una conferencia de prensa previa a la audiencia para que otros expertos en la materia expresaran sus opiniones. Jerry González, director ejecutivo de GALEO, presentó documentos con amenazas y propanganda de grupos racistas y antiinmigrantes para captar la atención de la prensa. La organización mostró hechos y cifras sobre el impacto de la inmigración en Georgia y preguntó “¿cómo estarían Gainesville y Dalton hoy en día sin inmigrantes?”.

Lea sobre la audiencia de Dalton www.atlantalatino.com/detail.php?id=6267