Residentes hispanos y no hispanos del condado de Cherokee, líderes comunitarios latinos, abogados, grupos religiosos y representantes empresariales alzaron su voz ante una propuesta que impediría que inmigrantes indocumentados renten viviendas en ese condado.

La comisionada Karen Mahurin presentó la ordenanza a mediados de noviembre, la cual multaría a los arrendatarios e incluso suspendería su licencia si no verifican el estatus de inmigración de cada inquilino que rente en su propiedad.

Más de 100 personas asistieron a la reunión la semana pasada con la Asociación de Comisionados del condado de Cherokee, y casi otras 100 se quedaron fuera del salón del Centro de Justicia.

La actividad empezó con una oración y prosiguió para permitir que representantes de diversos grupos y residentes manifestaran sus inquietudes.

Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO, por sus siglas en inglés) asistió al evento y se quejó de que no había tiempo suficiente para que todos los participantes hablaran porque muchos querían manifestarse. Los comisionados habían planeado 30 minutos para quienes darían su punto de vista pero se quedaron cortos de tiempo.

Rosa Salazar, una méxico-americana que reside hace varios años en el área, se quedó afuera porque el salón para la asamblea estaba repleto.

Salazar también asistió a una reunión previa sobre construcción de carreteras, y expresó –con rabia- su desespero por la situación.

“El salón era grande para esa audiencia, había un segundo nivel, un primer nivel y muchas sillas. ¿Por qué pusieron esto en el clóset? Esto es un clóset comparado con el salón utilizado en la otra reunión. Yo vivo en el condado de Cherokee, me impidieron entrar, no me dejaron hablar. ¿Quién es esta gente? ¿Por qué hay personas del condado de Cobb viniendo y hablando aquí? (D.A.) King ni siquiera vive aquí?”, se quejó la mujer.

ORADORES

Entre los oradores invitados estaba D. A. King, el presidente de la Dustin Inman Society, un grupo activista en contra de la inmigración ilegal. King fue invitado para presentar tres medidas que el condado podría implementar para disminuir la presencia de inmigrantes indocumentados en Cherokee.

“Al contrario de lo que han escuchado esta noche, ustedes sí tienen la autoridad y los medios para ejercer leyes migratorias. Quiero encomendarles la consideración del decreto, vine hoy a señalar herramientas que tienen disponibles ahora mismo”, dijo King.

El activista recomendó a los comisionados usar el programa piloto federal de identificación, SAVE o 287 (g) para asegurar que los contratistas contratados por el condado empleen trabajadores legales. Esta iniciativa permite que agencias que ejercen la ley (como policías) sean entrenadas y autorizadas para detener, identificar, procesar y, si es necesario, detener inmigrantes indocumentados.

King mencionó el éxito de condados como Mecklenburg (Carolina del Norte) en la implementación de estos programas ya que el condado ha puesto a unos 650 individuos en proceso de deportación.

También se refirió a la constitución de los Estados Unidos, dijo que esta “garantiza protección a cada estado contra invasión. Pero todos vemos que esa promesa está ausente, así que respetuosamente les pido que aprovechen las herramientas que poseen mientras que consideran la ordenanza”.

Christopher Taylor, un socio de la firma de abogados Hernan, Taylor & Lee también habló sobre la constitución estadounidense y le dijo a la comisión que no estaba en su poder emprender tal decreto. Además, cuestionó la constitucionalidad de la medida.

“Están tratando de convertir un asunto federal en uno local, no funcionará. Como cristiano, que empiecen una agenda con una oración me sorprende porque después ignoran las consecuencias que esta ley puede traer para las familias y la gente. Es una ley anticristiana. En el aspecto legal, es increíble que estén tomando en sus manos la responsabilidad del gobierno federal”, manifestó Taylor.

Muchos representantes religiosos asistieron a la reunión y expresaron sus preocupaciones al respecto. El pastor Manny Fernández de la iglesia Rock Woodstock recitó un verso de la Biblia que enseña a tener tolerancia y simpatía por los extranjeros.

“Entiendo lo que caballeros (abogados como Taylor) dicen sobre lo que relata la Biblia respecto a obedecer la ley, Romanos 13 nos dice eso, pero también debemos tener en cuenta otras partes de la Biblia”, expresó Fernández.

Otros representantes señalaron inquietudes relacionadas con la logística de la ordenanza. Sharon Donnelly, gerente regional de Signature Management, una corporación de gerencia de apartamentos, también dio su opinión.

“¿Si aprueban esta ley, estamos preparados para lidiar con una situación extrema de personas sin hogar? Sí se presentarán muchas situaciones de gente desamparada, se incrementará el crimen, las cifras de robos se irán al cielo, porque ellas no se marcharán a otra parte y tienen que alimentar a sus familias”, sostuvo.

Donelly cuestionó sobre si la comunidad estaba dispuesta a un alza de impuestos para construir una cárcel el triple de grande de la que ya se tiene, ya que si rentarle a un indocumentado será considerado como un crimen se tendrá que arrestar a la gente y detenerla en algún lugar – según ella-.

Richard Chambers, vicepresidente de El Banco Corporation, solicitó a la Comisión que considerara las ganancias en impuestos de venta y el impacto que la influencia de los trabajadores ha tenido en la economía local.

La audiencia estaba dividida, algunos residentes abucheaban a oradores pro-inmigrantes y otros les aplaudían por sus declaraciones. A pesar de la diversidad de puntos de vista González de GALEO aseguró que al parecer la Comisión tenía un grupo antiinmigrante al que le estaba pidiendo asesoría.

LATINOS UNIDOS

Minutos después de la audiencia, asistentes suspendidos de la reunión fueron forzados a salir del edificio debido a procedimientos de cierre. Bajo la oscuridad y soportando el frío, un grupo de residentes y líderes latinos se amontonaba para hablar de los pasos a seguir.

El ex cónsul general de México en Atlanta Teodoro Maus, apoyó la idea de que se necesita conformar un equipo legal para desafiar la ordenanza.

“Tenemos que crecer porque nos están golpeando por cada lado y los seguimos dejando. No puede ser que solo estemos confiando en el destino y el buen corazón, debemos actuar ahora como comunidad, con la fuerza que tenemos”, afirmó Maus.

Tisha Tallman, quien hasta hace unas semanas fuera la consultora regional del sureste para el Fondo México-Americano para la Defensa Legal y Educativa (MALDEF, por sus siglas en inglés), habló sobre otros tres casos en los que los gobiernos locales alrededor del país han aprobado medidas similares. Asimismo, cuestionó la constitucionalidad de las leyes y sugirió que se tomaran acciones legales, si se aprueba el decreto.

Taylor también estuvo de acuerdo con que un grupo de abogados se encargue del caso, si la ordenanza entra en vigor. Por su parte Adelina Nicholls, conocida como ‘La Coordinadora’, ya que es presidente de la organización Coordinadora de Líderes Comunitarios, aprovechó la ocasión y advirtió que la comunidad debe unirse y concebir un plan de acción y resistencia al decreto.

HABITANTES EN CHEROKEE

El condado de Cherokee en Georgia, es uno de los que posee una población predominantemente estadounidense (blanca). Según el último estudio de la oficina del Censo de Estados Unidos, de casi 184,211 habitantes, el 92.5 por ciento es anglosajón, el resto lo conforman hispanos (7.6), afroamericanos (4.5) y asiáticos (1.4). Se estima que en ese condado existen al menos 55 mil viviendas.

DE APROBARSE LA PROPUESTA

El decreto solo cubriría las zonas no incorporadas del condado y excluiría a ciudades como Canton y Woodstock. Estas áreas son: Avery, Batesville, Buffington, Clayton, Creighton, Free Home, Gold Ridge, Greeley, Hickory Flat, Hickory Flat, Keithsburg, Lake Arrowhead, Lebanon, Macedonia, Mica, Oak Grove y Ophir.